Desde abril rige la reforma laboral impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet y uno de los aspectos que incorpora corresponde a los servicios mínimos, aquellos que –de acuerdo a la ley– resultan «estrictamente necesarios para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes, así como garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas y para garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios».

En las últimas semanas, los servicios mínimos han generado un debate por el margen de aplicación en el sector bancario y financiero. Así es como la Asociación de Bancos, el Banco Central y los sindicatos del rubro han manifestado sus inquietudes. Con estos últimos dialogó El Ciudadano, a fin de captar sus impresiones respecto del controversial aspecto inaugurado con el nuevo sistema de relaciones laborales.

En general, las dirigencias rechazan la implementación de los servicios mínimos y ponen particular atención a la calificación de las funciones que incidan en la conformación de un «equipo de emergencia», nombre que recibe el conjunto de trabajadores «involucrados en el proceso de negociación», destinados a atender los servicios mínimos.
Bancos y servicios mínimos

Según expresa el presidente del sindicato del Banco de Chile, Marco Bonnefoy, «los bancos no necesitan servicios mínimos. Lo único que se busca es coartar la libertad sindical y la negociación colectiva, porque el Banco hizo una presentación y pidió el 11% [NdR: cerca de 1.100 trabajadores] de la dotación como servicio mínimo. Con esto, asegura la continuidad del negocio».

El dirigente explica que rechazaron la propuesta de la empresa, porque prefieren suscribir, de forma adelantada, un convenio colectivo. Por otro lado, asegura que la institución financiera cuenta con el personal para suplir las labores de los que entran en negociación, dado que existen cinco sindicatos y todos negocian en fechas distintas.

«El año 2011, el sindicato CityBank negoció cuando fue absorbido por el Banco de Chile, y posteriormente, se fueron a huelga 2 mil 600 trabajadores y el Banco de Chile funcionó igual», comenta Bonnefoy, quien preside un sindicato con cerca de 1.600 afiliados.

Marcela Santibáñez, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco Falabella, afirma que aún no les toca entrar en el proceso de calificación de servicios mínimos (negocian en 2019), pero ya prevé las dificultades asociadas al nuevo requerimiento.

«Por ejemplo, la empresa tiene 200 vigilantes, pero hay 100 sindicalizados, por lo tanto, la empresa cuenta con el 50%. Los servicios mínimos dicen que tenemos que resguardar los bienes de la empresa, dar seguridad a los clientes… pero me dicen que necesitan 40 vigilantes más, yo voy a decir que no, porque ya cuenta con 100 guardias», señala la dirigenta a cargo de la agrupación que reúne cerca de 970 socios, casi el 50% de la dotación del banco.

En tanto, el presidente del Sindicato Unificado BBVA, Raúl Catalán, cree que sí corresponde implementar equipos de emergencia, «porque los servicios mínimos lo que más exigen en estos momentos es que la empresa no deje la seguridad abandonada, por lo tanto, sí tendrá que haber un vigilante, pero el banco tendrá que ver como funciona el resto».
Servicios mínimos versus derecho a huelga

Aun cuando los dirigentes entrevistados identifican algunas áreas que necesitarán la conformación de un equipo de emergencia en caso de huelga, reconocen que la disposición normativa puede entrar en contradicción con el derecho a huelga.

La presidenta del Sindicato Nacional BCI, Pamela Henríquez, piensa que «la banca no tiene por qué tener servicios mínimos, en ningún aspecto», puesto que constituyen «una barrera que uno tiene que saltar antes de negociar, así que es muy lapidario para los sindicatos».

«Imagínate que en un sindicato de 350 personas, la empresa te pide más del 50% de los socios para servicios mínimos. Con eso no hay huelga, no se puede ejercer el derecho. Entonces, cada vez es más compleja la reivindicación de los derechos laborales (…) tú anulas la huelga, toda la presión que puedan ejercer los trabajadores para conseguir algo en la negociación colectiva», sostiene la dirigenta que preside uno de los tres sindicatos del BCI.
En una línea similar, Marco Bonnefoy del Banco de Chile, argumenta que «lo más importante es el derecho que tienen los sindicatos de ejercer la huelga activa y, por lo tanto, una paralización completa de la faena, es decir, no debieran funcionar nada de lo que implique la actividad del banco».

Si bien Raúl Catalán del BBVA describe una «contradicción pequeña» entre los servicios mínimos y el derecho a huelga, descarta de plano que el equipo de emergencia sea conformado con trabajadores sindicalizados. «Si nosotros vamos a ir a huelga y hemos ganado un derecho, la idea es hacerle daño a la empresa para que pueda acceder a nuestros requerimientos», subraya.

Catalán defiende que el equipo de emergencia solo debe cubrir las funciones vinculadas a la seguridad. «El banco verá cómo funcionan las cajas, con los cajeros que no están sindicalizados, pero la idea es que no toquen a la gente sindicalizada», añade.

A la vigilancia, Marcela Santibáñez del Banco Falabella agrega los servicios de cajas e informático. «Para la empresa, lo más imprescindible es atender a los clientes, sobre todo los que se van a pagar. Porque el que se va a atender o hacer una consulta, con una o dos personas basta y sobra. Pero el que va a pagarse, el que va a caja, obviamente, se necesita mayor cantidad de personal», explica.

Sin embargo, para la presidenta del sindicato, la medida resta sentido a la huelga. «¿Qué pasa con el socio que votó huelga y va a tener que entrar a trabajar? Va a decir ‘¿para qué voté huelga, de qué me sirve estar en el sindicato?’ (…) La idea de la huelga es paralizar la empresa para que no funcione. Pero si nosotros tenemos que entregar la herramienta para que siga funcionando, es una burla», remarca.

¿En riesgo el sistema financiero?

Los servicios mínimos también se han transformado en una preocupación para el Banco Central, entidad que ha manifestado sus inquietudes respecto de la estabilidad del sistema de pagos. «Los flujos de pago son de enormes proporciones y, por lo tanto, es un sistema muy interdependiente (…) La interrupción de los flujos de pago y de los servicios fundamentales en cualquiera parte del sistema, tiene un efecto sobre el sistema en su conjunto», señaló el presidente del órgano emisor, Mario Marcel, al presentar el Informe de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2017.

En aquel documento, el Banco Central plantea que «existen funciones al interior de las distintas entidades financieras que no pueden ser interrumpidas y para las cuales se deberían determinar servicios mínimos que aseguren su debida continuidad en caso de huelga».

En específico, el ente apunta al funcionamiento de los sistemas de pagos, de las áreas informáticas de las instituciones financieras y de los sistemas de cajas, además de la plataforma de internet, back office, contabilidad, perfeccionamiento de operaciones, valorización de activos e instrumentos financieros, seguridad de la información, seguridad informática, control de fraudes, prevención del lavado de activos, y call center. A esto habría que añadir los servicios mínimos para las áreas dedicadas a la cobertura de riesgos, el otorgamiento de créditos y la captación de fondos del público.

La preocupación es compartida por la Asociación de Bancos, puesto que en julio de 2015 –en plena discusión de la reforma laboral– señalaban que «los pagos y transferencias antes descritos requieren de un sistema de pagos que funcione sin interrupciones y que garantice la seguridad y disponibilidad de fondos de quienes instruyen las operaciones, lo que exige que tanta la banca como las sociedades que le prestan apoyo en dichas funciones, no queden expuestas al riesgo de interrupción de sus servicios como consecuencia de una huelga».

Desde la vereda sindical, Marco Bonnefoy del sindicato del Banco de Chile no cree que una huelga en el sector bancario ponga en riesgo el sistema. «Lo que pasa es que quieren justificarse utilizando esa herramienta, la famosa cadena de pagos como la obligación de un banco de mantenerse activo, pero en definitiva aquí hay una multiplicidad de entidades de financiamiento y bancos, que permite que las personas puedan acceder, como los cajeros automáticos, Servipag y las aplicaciones móviles».

Mientras que Pamela Henríquez, presidenta del Sindicato Nacional BCI, también rechaza el diagnóstico del Banco Central y de la asociación gremial, argumentando que el sistema puede seguir funcionando con «la banca pública, los cajeros automáticos y la banca electrónica».

Felipe Menares Velásquez   

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